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Las personas que al formar una familia renuncian a trabajar para dedicarse al hogar y los hijos deben tener unos derechos que la protejan de la indigencia en caso de ruptura.

Creada12-01-2005
Modificada16-01-2017
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Octubre1

Protección al Conyuge Dependiente

Hay personas que, al casarse o al tener uno o más hijos, deciden dejar de trabajar para dedicarse completamente al cuidado de los hijos y la casa.

Por supuesto, tienen plena libertad para ello, pero esas personas, por regla general, acabarán dependiendo económicamente de su cónyuge. Una persona adulta no debería depender de nadie, pero si en una pareja deciden de mutuo acuerdo que uno de ellos va a dedicar todo su tiempo a trabajar para conseguir los ingresos económicos que van a necesitar para su subsistencia y el otro se va a ocupar del cuidado de la casa y de los hijos, son perfectamente libres de hacerlo.

Ahora bien, en caso de que una familia de este tipo acabe rompiéndose, el cónyuge que ha renunciado a trabajar para cuidar de la casa podría quedar en una situación económica precaria.

Para evitarlo, el estado debe proteger a las personas que dependen económicamente de sus cónyuges, y debe hacerlo de tal forma que, después de años de convivencia dependiente, no queden en la más absoluta indigencia.

Si todas las personas fuésemos buenas y generosas, las leyes no harían falta, pero como no lo somos, es preciso salvaguardar un cierto sentido de la justicia.

Una ley que proteja a los cónyuges dependientes debería incluir una serie de normas que normalmente debe traducirse en obligaciones por parte del cónyuge trabajador.

El cónyuge trabajador debe:

  1. Aportar alojamiento, alimentación, vestido, atención médica y todos los medios necesarios para la subsistencia, salud  y comodidad de la familia.
  2. Aportar un cinco por ciento de su sueldo mensual en un plan de pensiones a nombre del cónyuge dependiente.
  3. Todas las propiedades adquiridas después del matrimonio se considerarán gananciales.
  4. Todas las propiedades de ambos cónyuges anteriores al matrimonio se irán convirtiendo en gananciales a razón de un 5% anual.

No creo que haga falta explicar el primer punto. Es evidente que el cónyuge trabajador debe aportar el capital necesario para la subsistencia y comodidad de la familia.

En cuanto a la aportación a un plan de pensiones a nombre del cónyuge dependiente, pienso que todas las personas deben realizar una aportación a un plan de pensiones durante toda su vida laboral con el fin de tener independencia económica cuando llegue su jubilación. Si una persona dependiente no va a ganar dinero, considero que es justo que su cónyuge lo haga.

Aparte de esto, la situación económica de un trabajador puede cambiar mucho en veinte años de trabajo. Su capital puede aumentar bastante, pero si lo hace es gracias a que está dedicando muchas horas diarias a su trabajo. Y si puede dedicar tantas horas a su trabajo es gracias a que su cónyuge se encarga de las numerosas tareas que el mantenimiento de un hogar acogedor y confortable requiere. Por consiguiente, el incremento patrimonial que tengan, las compras de viviendas, de coches, parcelas, acciones, etc. deberían ser bienes ganaciales, propiedad al 50% de ambos cónyuges.

Y no debemos olvidar que, cuando se registra un matrimonio, ambos cónyuges aportan unas propiedades anteriores. Conforme pasan los años es lógico que las propiedades anteriores de cada uno acaben siendo gananciales, pero esto no tiene por qué ocurrir de forma inmediata.

¿Qué ocurre si a los tres meses de convivencia se descubren desavenencias irreconciliables?. Sencillamente, cada uno debería irse por su lado, y lo que antes era de cada uno que lo siga siendo.

El hecho de que dos personas convivan durante tres meses ¿hace que cada uno tenga derecho a la mitad de los bienes del otro?. Supongo que al que aporte menos bienes al matrimonio le parecerá formidable, pero si ocurriera esto, sencillamente se podría dar el caso de que algunas personas busquen contraer matrimonio con fines económicos, pervirtiendo lo que debería ser la fundación de una familia.

Por eso creo más conveniente que los bienes de los miembros de un matrimonio permanezcan separados pero, por cada año de convivencia, un cinco por ciento de los bienes de ambos cónyuges pasen a ser gananciales. Al cabo de 20 años de convivencia el 100% de los bienes serán gananciales.

Un caza fortunas que contraiga matrimonio con una persona que tenga una gran fortuna, si se separan antes de que pase un año sólo se podrá llevar la mitad del 5% de los bienes de su víctima. Y digo víctima a propósito.

Con unas leyes que previeran estos casos, las personas que tras casarse decidan no seguir trabajando tendrán una cierta garantía de que, en caso de ruptura familiar no queden totalmente en la indigencia.

Por supuesto, cualquier persona es libre de firmar un contrato matrimonial que incluya reglas diferentes a las aquí expuestas, pero pienso que, si no hay un contrato matrimonial, estas reglas podrían ser adecuadas para que el cónyuge dependiente no quede desasistido ni que el matrimonio se convierta en un medio de cazar fortunas.

Si alguien va a contraer matrimonio y su cónyuge le propone firmar un contrato matrimonial distinto al estándar, no es por nada, pero debería empezar a desconfiar.

Por supuesto, puede haber casos mucho más complejos, y es imposible hacer leyes capaces de tener en cuenta todos los casos posibles, pero para eso está, o debería estar, el sentido común de las personas para acordar una solución lo menos mala posible, o, si no hay acuerdo, recurrir al sentido común de los jueces.

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