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Cómo regular la Ayuda al Suicidio.

Creada12-04-2003
Modificada18-07-2014
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La Ayuda al Suicidio

Puede haber personas que se encuentren en una situación bastante grave y que no deseen seguir viviendo, pero no tengan valor para quitarse la vida. También puede haber otras personas incapacitadas para suicidarse, por estar paralíticos. Tanto en un caso como en el otro, puede haber personas que, argumentando motivos humanitarios, decidan ayudar a un suicida a cumplir su objetivo.

No obstante, un aparente comportamiento de ayuda al suicida podría encubrir con mucha facilidad la realidad de un asesinato. Podría haber personas que cometan un asesinato y a posteriori intenten encubrirlo alegando que lo único que hizo fue ayudar a un suicida, con el fin de escapar de la ley.

En mi opinión, la ayuda al suicidio solo debe prestarse bajo unas estrictas condiciones: el suicida podrá pedir ayuda a un Centro de Asistencia al Suicidio, que examinará cada caso de forma individualizada por medio de uno o dos psicólogos que se entrevisten con el suicida y se convenzan de que está en posesión de sus facultades mentales. Se establecerá un período de reflexión de como mínimo un mes de tiempo y si la persona continúa determinada a suicidarse, el centro enviará un médico que le suministrará los medios necesarios para acabar con una vida no deseada.

Todo ello deberá realizarse asegurando todas las salvaguardias necesarias para evitar que un suicidio pueda encubrir un asesinato, salvaguardias tales como la información al juzgado correspondiente al municipio de residencia del suicida tanto en la primera solicitud como en la confirmación, un mes más tarde. Asimismo el juzgado deberá cursar una salvaguardia para evitar que el médico que ayude al suicida pueda ser encausado por homicidio.

Tenemos aún el problema de la Objeción de Conciencia.

Una persona no puede ser obligada a ejecutar una acción que por sus convicciones éticas pueda considerar inmoral.

Ni los médicos pueden ser obligados a ayudar a un suicida ni los jueces pueden ser obligados a dispensar del posible delito de homicidio al médico que lleve a cabo esa acción.

En el caso de los médicos, como decimos en mi tierra, hay gente pa tó, por lo que el Centro de Asistencia al Suicidio solo podrá contratar o usar los servicios de médicos que voluntariamente acepten ese tipo de labor. Como afortunadamente no habrá muchos casos en los que su servicio pueda ser necesario, en un país de cuarenta millones de habitantes podría bastar con que hubieran unos pocos médicos que se desplazaran a las ciudades donde su servicio fuera requerido.

En cuanto a los jueces, siendo un servicio del estado, el estado debe garantizar que se atienda ese servicio. Si un juez se opone por objeción de conciencia deberá remitir el caso a un juez que no tenga esa objeción o a una instancia judicial superior, instancia que, en este caso, también podría estar integrada dentro del mismo organismo de asistencia al suicidio.

Si el Centro de Asistencia al Suicidio no consigue encontrar médicos y jueces que voluntariamente asuman esta ciertamente problemática misión, será porque la inmensa mayoría de la gente esté en contra del suicidio asistido y, por consiguiente, el estado no podrá dar este servicio. Los suicidas no podrán requerir ayuda y deberán buscarse sus propios medios.

Sería triste que una persona no contara con esta ayuda, pero el remedio, obligar a un médico o a un juez a hacer algo que va en contra de su conciencia sería peor, y propio de regímenes totalitarios.

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